El golpe de Estado del 27 de junio de 1973 fue llevado a cabo en Uruguay y marcó el comienzo de la dictadura cívico-militar que se extendió desde ese año hasta 1985.
El 9 de septiembre de 1971 el presidente Jorge Pacheco Areco encomendó a las Fuerzas Armadas la conducción de la lucha contra la guerrilla del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. El 16 de diciembre se creó la Junta de Comandantes en Jefe y el Estado Mayor Conjunto (Esmaco) de las Fuerzas Armadas. Tras las elecciones presidenciales de noviembre de 1971 asumió un nuevo gobierno el 1° de marzo de 1972 presidido por Juan María Bordaberry. El rol de las Fuerzas Armadas en la vida política continuó incrementándose. El 31 de octubre de 1972 el Ministro de Defensa, Augusto Legnani, tuvo que renunciar por no haber podido remover a un jefe encargado de una misión de alta importancia para el ministerio. Posteriormente, los mandos militares hicieron publicaciones enjuiciando al Presidente de la República.
El 8 de febrero de 1973, con el propósito de controlar la efervescencia militar, el presidente Bordaberry sustituyó al Ministro de Defensa Nacional, Armando Malet, por el general retirado Antonio Francese. En la mañana de ese día el nuevo ministro se reunió con los mandos de las tres fuerzas y sólo encontró respaldo en la Armada.
A las ocho de la noche, desde el canal de televisión del Estado, los jefes del Ejército y la Fuerza Aérea anunciaron que desconocerían las órdenes del ministro Francese y reclamaron al presidente a su relevo. A las diez y media de la noche, desde Canal 4 (privado), Bordaberry anunció que mantendría a Francese en el Ministerio y convocó a la ciudadanía a reunirse en la Plaza Independencia, frente a la Casa de Gobierno.
En las primeras horas de la madrugada del 9 de febrero los fusileros de la Armada, mediante barricadas, cerraron la entrada a la Ciudad Vieja de Montevideo. En respuesta, el Ejército sacó sus tanques a las calles y ocupó varias emisoras de radio, desde las cuales exhortó a los miembros de la Armada a unirse a sus planteos.
Se emitió el Comunicado N° 4, firmado sólo por los mandos del Ejército y la Fuerza Aérea, en el que planteaban alcanzar o impulsar la obtención de objetivos socio-económicos, como incentivar las exportaciones, reorganizar el servicio exterior, eliminar la deuda externa opresiva, erradicar el desempleo, atacar los ilícitos económicos y la corrupción, reorganizar la administración pública y el sistema impositivo y redistribuir la tierra, entre otros.
El sábado 10 de febrero tres ministros intentaron un acercamiento con las posiciones de los mandos militares insurrectos, de manera de que el presidente pudiera conservar su cargo. Por la noche, los comandantes del Ejército y la Fuerza Aérea emitieron un nuevo comunicado, el N° 7, que en cierta forma relativizaba el comunicado anterior. Varios oficiales de la Armada desconocieron el mando del vicealmirante Juan José Zorrilla y apoyaron los comunicados del Ejército y la Fuerza Aérea. Al día siguiente, 11 de febrero, Zorrilla renunció al Comando de la Armada, asumiendo dicho cargo el Capitán de Navío Conrado Olazábal, con lo que esta fuerza abandonó su postura constitucionalista.
El lunes 12 de febrero Bordaberry concurrió a la Base Aérea "Cap. Juan Manuel Boiso Lanza" y aceptó todas las exigencias de los mandos militares y pactó su continuidad en la Presidencia, en lo que se dio en llamar el Pacto de Boiso Lanza. Dicho "acuerdo" encomendaba a las Fuerzas Armadas "la misión de brindar seguridad al desarrollo nacional" y establecía las formas de participación de los militares en la actividad político-administrativa. Producto de este acuerdo, nació el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), órgano asesor del Poder Ejecutivo creado posteriormente por el decreto N° 163/973, del 23 de febrero de 1973.
Al día siguiente del "acuerdo" fueron designados nuevos Ministros del Interior (Néstor Bolentini) y de Defensa Nacional (Walter Ravenna). Con ello se completó el deslizamiento hacia un gobiero cívico-militar, donde formalmente gobernaban los civiles pero en los hechos el centro de poder se había trasladado a la órbita de los militares. Se considera que este episodio equivalió a un golpe de Estado fáctico.
En el Golpe de Estado del 27 de junio de 1973, Galeano fue encarcelado y obligado a dejar Uruguay. Su libro Las venas abiertas de América Latina fue censurado por los gobiernos militares derechistas de Uruguay, Argentina y Chile. Se fue a vivir a Argentina donde fundó el magazín cultural "Crisis".
Comenzó su carrera de periodista a inicios de 1960 como editor de "Marcha", un semanario influyente que tuvo como colaboradores a Mario Vargas Llosa, Mario Benedetti, Manuel Maldonado, Denis y Roberto Fernández Retamar. Editó durante dos años el diario "Época".
Durante sus estudios, con una beca en París, supo que Juan Domingo Perón había dicho que “si ese muchacho anda por acá, me gustaría verlo”. Galeano aprovechó un viaje para llamar al teléfono que le habían dado, aún cuando no terminaba de creer que fuese cierto. Lo era, y fue recibido muy bien. Tuvo una larga charla con el ex presidente argentino en el exilio, donde le preguntó por qué no emitía señales más seguido.
- “Perón me contestó: El prestigio de Dios está en que se hace ver muy poco”.
